Cada 19 de diciembre se recuerda la sanción de la Ley Micaela (Ley 27.499), aprobada por unanimidad por el Congreso de la Nación Argentina en 2018. Esta normativa constituye una herramienta fundamental para incorporar de manera transversal la perspectiva de género en las instituciones públicas y fortalecer las políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y diversidades.
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en todos los niveles y jerarquías, alcance que también se extiende a las jurisdicciones provinciales y municipales. Su objetivo central es brindar herramientas para identificar, prevenir y actuar ante situaciones de violencia de género, promoviendo la deconstrucción de estereotipos y la construcción de prácticas institucionales más igualitarias y respetuosas de los derechos humanos.
En este marco, el Colegio de Médicos de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción ha asumido un compromiso activo con la formación en perspectiva de género. La Mesa Directiva realizó la capacitación correspondiente a la Ley Micaela y, a su vez, las integrantes de la Comisión de Género y Violencias participaron del Curso de Formación de Formadoras/es, destinado a profesionales colegiadas y colegiados con interés en profundizar sus conocimientos sobre la temática y continuar contribuyendo a la construcción de sociedades más igualitarias. Durante esta instancia de formación se trabajó sobre distintos ejes vinculados a la perspectiva de género y diversidad, abordando conceptos como sexo y género, estereotipos y mandatos, socialización de género, diversidad sexual, heterosexualidad obligatoria e identidad; una vida libre de violencias, incluyendo los distintos tipos y modalidades de violencia, femicidios, travesticidios, transfemicidios y micromachismos; y la necesidad de transformar nuestras prácticas profesionales incorporando la perspectiva de género y diversidad sexual.
El origen de esta ley está directamente vinculado al compromiso social que se generó tras el femicidio de Micaela García en 2017, joven militante del movimiento “Ni Una Menos”. Su caso conmovió al país e impulsó a organizaciones sociales, colectivos feministas y a los poderes del Estado a promover una respuesta concreta que contribuyera a prevenir nuevas violencias y a revisar las responsabilidades institucionales.
El 19 de diciembre marca, así, un hito para la Argentina: la fecha en que la Ley Micaela se convirtió en política de Estado para la formación obligatoria en género de quienes cumplen funciones públicas, reafirmando el compromiso con la igualdad, la erradicación de la violencia de género y el respeto por los derechos humanos, como pilares para avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias.