Puede afirmarse que desde 1858, apenas seis años después de la caída de Rosas, por la ley provincial del 7 de septiembre que establece el Protomedicato en Santa Fe, comienza una legislación coherente y específica en materia de deontología médica. Si bien la mayoría de sus normas fueron asignando funciones de carácter netamente sanitario, otorgaba también ciertas atribuciones en lo referente al gobierno profesional como eran las de visar y registrar diplomas de médicos y farmacéuticos en actividad y de quienes lo efectuaran en el futuro, sometiendo a examen probatorio a aquel cuyo diploma arrojase dudas o sospechas. Quedaba expresamente prohibido el ejercicio de la medicina o farmacia en el territorio provincial sin estar “patentado competentemente” y sin la anuencia explícita del Protomedicato. En caso que algún profesional demostrase desacierto o inhabilidad podía ser sometido a un nuevo examen y, según sus resultados, suspendido, destituido o rehabilitado.

Dado que el gobierno provincial de esa época no dio cumplimiento a la ley, el Poder Ejecutivo, a solicitud de la Municipalidad de Rosario, decretó que mientras tanto no se estableciera y organizara el Protomedicato en la capital de la provincia, se constituyera en Rosario, en forma interina, una comisión médica compuesta de tres facultativos que representarían a la autoridad del ramo, con los deberes y facultades que competían al Protomedicato. Es decir, la ciudad de Rosario fue el primer asiento de entidades de este carácter en nuestra provincia.

Diez años después, por otra ley de agosto de 1868 se creó el Consejo de Higiene. Figuraban también en esta ley, disposiciones de sanidad propiamente dicha y de gobierno de las profesiones del arte de curar.

Los Consejos de Higiene (uno con asiento en Santa Fe y otro en Rosario) eran entes colectivos, constituidos por un presidente y dos vocales médicos y un farmacéutico, que eran nombrados a pluralidad de votos por el cuerpo médico de cada ciudad. Al igual que el Protomedicato, juntamente con sus funciones de carácter sanitario, tenían facultades para control y gobierno profesional. Entre estas facultades debe mencionarse la de llevar un libro de registro en el que se anotaban todos los “médicos, farmacéuticos, parterías, dietistas y flebotomismas recibidos”. Por lo tanto, su registro en el Consejo de Higiene era requisito indispensable y previo al ejercicio profesional.

Sin lugar a dudas, esta legislación cumplió con las necesidades de su época, pero el transcurso del tiempo comenzó a hacerla insuficiente.

Por ello, en 1932 se sancionó la ley 2287, más conocida como Ley de Sanidad, cuyo autor fue el doctor Enrique Fidanza. Esta ley instituyó los Consejos Médicos a los fines del gobierno del ejercicio profesional. La implantación de estos organismos, más tarde denominados Consejos Deontológicos, constituyeron una avanzada no solo en la legislación nacional, sino americana. Las autoridades de dichos Consejos eran elegidas por sus propios pares.

Funcionaron también entonces dos Consejos, uno en Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe. Entre sus significativas funciones mencionaremos la de velar porque nadie ejerciera el arte de curar sin estar debidamente en el registro de la matrícula que a tales fines llevaban los Consejos, dando periódica publicidad a las listas de inscriptos. Ejercían asimismo la superintendencia de las ramas auxiliares de la medicina e intervenían directamente en caso de falta de ética profesional, sancionando a los infractores, teniendo además facultad de suspender en el ejercicio profesional a aquellos que se hicieran pasibles de reiteradas sanciones disciplinarias o hubiesen sido condenados por delitos graves.

De esa manera, juntamente con la primordial función de llevar el registro de la matrícula, otro de sus deberes más importantes era el de velar por que no se cometiesen delitos contra la salud. Los Consejos constituían entonces, la autoridad de prevención en los delitos tipificados por el Código Penal (arts. 200 al 208). Por lo tanto, eran colaboradores de la Justicia.

Este instrumento legal abarcaba también otras transgresiones que al resultar una infracción a la ética profesional, debían ser sancionadas por los mismos pares.

La citada ley 2287 estableció también la obligación de los Consejos de redactar un Código de Ética Profesional, lo que lograse concretar en forma definitiva en 1956. Por decreto-ley 03648 de fecha 20 de marzo se aprobó el denominado “Código de Ética de los Profesionales del Arte de Curar y sus Ramas Auxiliares”, conteniendo, como se sobreentiende, una serie de normas referentes a la conducta profesional, procedimiento de sumario de ética, etc. Ese decreto-ley de un gobierno de facto fue refrendado, posteriormente, por la ley provincial Nro. 4931 que aún se halla en plena vigencia, constituyendo el único Código de Etica Profesional sancionado por una ley provincial en nuestro país.